Gobernación, Legislatura, intendencias y vida partidaria correntina.
El gobernador recibe al presidente del Superior Tribunal y al Fiscal General. La provincia adeuda el segundo tramo del 12% pactado en febrero y sostiene que abonarlo generaría un déficit de 48.000 millones.
El bloque oficialista cedió en el capítulo de barrios populares para destrabar el proyecto sobre propiedad. La Libertad Avanza tiene 21 votos propios y necesita 37. La sesión clave se proyecta para el 14 de mayo.
La provincia recibió el 22% de los Aportes del Tesoro repartidos en los primeros dos meses, mientras la dirigencia local denuncia el achique de la coparticipación. Los dos relatos no se sostienen al mismo tiempo si el ciudadano correntino mira el dato.
El conflicto por los haberes del Poder Judicial llegó hace semanas a la Legislatura. El Ejecutivo no abonó la mejora que el propio Tribunal había dispuesto en febrero para sus empleados, y el cruce institucional escala en plena discusión del Presupuesto.
La provincia se llevó $14.000 millones en aportes discrecionales del primer trimestre, mientras la coparticipación automática que le corresponde por ley cae 5,9%. La cifra de marzo coincide con el voto de los legisladores correntinos a las reformas oficialistas en el Congreso.
Valdés anuncia 300 millones para el Parque Industrial de Goya, promete aumentos en mayo y admite que las finanzas están ajustadas. El lunes recibe al STJ por una cuota que todavía no liquidó. El orden de los anuncios siempre dice algo.
El gobernador prometió obra para el Parque Industrial y nuevos anuncios salariales en mayo. En la misma jornada reconoció el límite financiero. La provincia aún no liquidó el 6% acordado con el STJ en febrero.
La Nación firmó este mes un decreto para adelantar coparticipación a doce provincias, entre ellas Corrientes. Lo notable no es la ayuda, sino el verbo: adelantar. Es decir, recibir hoy lo que ya era propio, y devolverlo después, con condiciones.
El acuerdo del Tribunal fijó en febrero una recomposición salarial del 12% para magistrados y empleados judiciales. La gestión de Juan Pablo Valdés sólo liquidó la mitad y posterga la cuota restante de abril. La cumbre con los ministros se pactó para el lunes.
El proyecto enviado por el Ejecutivo recorta partidas en obra pública y reasigna fondos a salud y seguridad. La oposición pide audiencias públicas antes de la votación.