El doble juego: Corrientes lidera el ranking de ATN y a la vez se queja del ajuste

Hay dos relatos circulando en simultáneo por Corrientes y los dos llevan la firma del mismo gobierno provincial. El primero dice que la Nación ajusta a las provincias, recorta transferencias y ahoga a los municipios. El segundo, sostenido en silencio porque incomoda, dice que Corrientes recibió el 22% de los Aportes del Tesoro Nacional ejecutados en los dos primeros meses del año y, sumando marzo, $14.000 millones en el primer trimestre. Casi un cuarto de lo que la Nación distribuyó por esa vía a todo el país terminó acá.

Los dos relatos pueden ser ciertos a la vez —la coparticipación cae y el ajuste existe—, pero no en la versión simplificada que llega al votante. Cuando un gobernador denuncia el ajuste y a la vez es la jurisdicción más beneficiada por los giros discrecionales del mismo gobierno nacional al que critica, hay una pregunta que no se puede esquivar: ¿qué se intercambió a cambio de esos fondos?

La respuesta más cómoda es la institucional: las inundaciones. San Luis del Palmar, San Roque, Santa Lucía. Tragedia, urgencia, transferencia. Todo correcto y todo verificable. Pero la cifra de marzo —$8.000 millones, casi el triple del giro de febrero— no encaja con esa explicación. No hubo nuevas inundaciones en marzo. Sí hubo, en cambio, votaciones clave de los legisladores correntinos en el Congreso a favor de las reformas que el oficialismo nacional necesitaba aprobar. Un dato no prueba causalidad, pero la coincidencia temporal es lo suficientemente nítida como para que la pregunta sea legítima.

Lo serio del caso no es la opinión política —cada gobernador hace acuerdos, cada gobernador defiende los intereses de su provincia, eso es normal—. Lo serio es la ausencia de rendición pública. La Provincia no publicó al cierre de esta semana la nómina detallada del destino de esos $14.000 millones. No se sabe cuánto fue para obras vinculadas a las inundaciones; cuánto a transferencias a intendencias y bajo qué criterio; cuánto a gastos corrientes. El Decreto 219/2026 anunció un adelanto adicional de $400.000 millones de coparticipación a la provincia, pero la rendición trimestral con destino y comprobantes —pedida por la oposición en la Legislatura— no fue tratada en comisión.

Hay un argumento honesto que el oficialismo provincial podría dar, pero no da: “Negociamos lo mejor que pudimos para Corrientes, conseguimos lo más que pudimos en este contexto, y por eso votamos las reformas en el Congreso”. Sería discutible políticamente, pero al menos sería un argumento. Lo que en cambio se está construyendo es un relato dual —denunciar y cobrar— que no resiste el escrutinio del dato.

A esto se le suma el conflicto con el STJ. La Provincia no paga un 6% que el propio Tribunal dispuso para los empleados judiciales. Argumenta que las transferencias caen. Pero cuando se mira la foto completa —caída de $19.292 millones en coparticipación durante el primer bimestre vs. ingreso extra de $14.000 millones por ATN—, el argumento del ahorro se vuelve más débil. No estamos hablando de números cerrados, pero la diferencia neta no justifica, por sí sola, suspender un aumento que el Poder Judicial ya tiene firme.

¿Qué le pedimos al gobierno provincial desde estas páginas? Algo simple: la planilla. Mes por mes, ATN recibido, decreto que lo respalda, destino concreto, beneficiario, monto. Tres columnas y una hoja de cálculo. Si la información es la que el Ejecutivo dice que es —fondos para emergencia y para sostener municipios—, publicarla no debería costar nada. Si lo que está pasando es otra cosa, la pregunta del por qué se va a seguir haciendo igual.

El año electoral provincial está más cerca de lo que parece. La transparencia de hoy es la legitimidad de mañana. La Nación ajusta, sí. Pero no se puede ser, al mismo tiempo, la víctima del ajuste y el principal cliente del reparto discrecional. O una cosa, o la otra. Las dos juntas ya no las podemos seguir comprando.