Política Opinión
El federalismo del adelanto reembolsable
La Nación firmó este mes un decreto para adelantar coparticipación a doce provincias, entre ellas Corrientes. Lo notable no es la ayuda, sino el verbo: adelantar. Es decir, recibir hoy lo que ya era propio, y devolverlo después, con condiciones.
El Boletín Oficial publicó el 17 de abril el Decreto 253/2026, que oficializa adelantos de coparticipación por hasta 400.000 millones de pesos para doce provincias. La lista incluye a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Córdoba no fue incluida. La operatoria es esta: la Nación libera ahora fondos que provienen del régimen de coparticipación —es decir, masa coparticipable que ya pertenece a las provincias— y las jurisdicciones se comprometen a devolver esos montos en cuotas. En idioma criollo: te presto tu propia plata, y después te la cobro.
Hay un dato que vale fijar antes de cualquier discusión política. En el primer trimestre de 2026, las transferencias automáticas a las provincias —coparticipación, leyes especiales y compensaciones— cayeron 7% en términos reales pese a un aumento nominal del 23,3%, según relevamientos privados sobre datos del Ministerio de Economía. La inflación se comió todo el ajuste. Frente a ese cuadro, el adelanto reembolsable no es generosidad: es oxígeno con factura.
Aparte del adelanto, la Nación dispone de las llamadas Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Esa caja, discrecional por diseño, fue distribuida entre marzo y abril casi exclusivamente a provincias gobernadas por aliados del oficialismo. La diferencia entre las dos herramientas es importante: el ATN es plata que la Nación tiene atribución para repartir o no; el adelanto, en cambio, es plata coparticipable —es decir, propia de las provincias— a la que el Ejecutivo le pone hoy un cronómetro. Dicho de otra forma, la herramienta más poderosa del Gobierno hacia las provincias en este momento no es regalar dinero ajeno: es modular el ritmo y las condiciones del flujo de dinero propio.
Esto no es exactamente lo que dice el manual de federalismo. La Constitución de 1994 prevé un régimen de coparticipación cuya distribución debería ser automática, objetiva y previsible. Cuando el Ejecutivo nacional decide quién recibe antes y quién después, y agrega a quién auxilia con ATN y a quién no, el régimen deja de ser automático y pasa a ser discrecional. La forma jurídica respeta el reparto; la forma política lo subvierte.
Es justo decir que esta lógica no la inventó la actual gestión nacional. Gobiernos previos también convirtieron transferencias en herramientas de presión política y operatoria. Lo que sí es propio de este momento es el grado: con caída real de coparticipación, ATN para amigos y adelanto reembolsable para el resto, las provincias quedan en una posición de dependencia financiera estructural respecto del humor del Ejecutivo nacional.
Acá la pregunta correntina. ¿En qué condiciones la provincia firmó el adelanto? Tasa, plazo, garantías. ¿Hay alguna contraprestación implícita —voto en el Congreso, agenda legislativa provincial, alineamiento— que acompañe la operación? El decreto nacional no las explicita; el Ministerio de Hacienda provincial tampoco difundió hasta hoy un detalle público. Es información que el ciudadano correntino tiene derecho a conocer. Y es información que el oficialismo provincial debería querer transparentar antes que después, si la operatoria es defendible. Si no se transparenta, la pregunta se hace sola.
Lo otro es qué pide la provincia a cambio. Mientras se firma el adelanto, la principal obra vial nacional en territorio correntino —la Autovía 12— sigue paralizada, con un avance físico congelado en 77,58%. Si Corrientes acepta la operatoria sin pelear públicamente la reactivación de obras nacionales en su jurisdicción, el saldo será doble: deuda nueva con la Nación y obras viejas sin terminar.
El federalismo del adelanto reembolsable funciona, en los hechos, como un sistema de control suave. La Nación afloja el grifo cuando le conviene y en los términos que le convienen. Las provincias agradecen la liquidez de corto plazo y posponen la discusión de fondo. Esa discusión es la que habrá que dar, eventualmente, en serio: si la coparticipación argentina sigue siendo un derecho automático, o si pasó a ser, sin reforma constitucional mediante, una concesión del Ejecutivo de turno.
Por ahora, lo que tenemos es esto: una provincia que cobra antes de tiempo lo que ya era suyo, una Nación que cobra después con interés simbólico y político, y un Estado federal que ya no se gobierna como dice la Constitución. No es una opinión incómoda: es la lectura del decreto.