Política Opinión
Anunciar mientras se debe
Valdés anuncia 300 millones para el Parque Industrial de Goya, promete aumentos en mayo y admite que las finanzas están ajustadas. El lunes recibe al STJ por una cuota que todavía no liquidó. El orden de los anuncios siempre dice algo.
Hay coreografías que se repiten en la política provincial argentina y conviene mirarlas con cuidado, no porque sean nuevas, sino porque siguen funcionando. La de esta semana en Goya entra en esa categoría. El gobernador Juan Pablo Valdés inauguró el jueves la 49ª Fiesta Nacional del Surubí, anunció una inversión de 300 millones de pesos para el Parque Industrial local —«primera etapa», pavimentación interna y cierre perimetral— y, frente a los micrófonos, deslizó tres frases en menos de cinco minutos. Una: en mayo «vamos a estar haciendo nuevamente anuncios salariales» para los estatales. Dos: las finanzas «están ajustadas». Tres: el modelo que se evalúa es de aumentos cortos, por trimestre, para no «poner en riesgo el sistema». Las tres son verdaderas. El problema es cómo conviven en el mismo discurso.
Empecemos por lo concreto. El último aumento general que el Ejecutivo correntino otorgó a los empleados públicos data de marzo y fue del 6%. Mientras tanto, el Superior Tribunal de Justicia resolvió en febrero, por acuerdo formal, una recomposición del 12% para magistrados, funcionarios y empleados judiciales, en dos cuotas iguales. La primera, del 6%, se pagó en marzo. La segunda, también del 6%, debía liquidarse en abril. No se liquidó. El propio gobernador convocó a los ministros del STJ a una reunión el lunes 4 de mayo para destrabar la situación. Esto no es un trascendido: es un dato registrado por la Vocalía de Superintendencia, citado por la prensa local y reconocido por la administración. La administración debe el 6% de un aumento que el propio Tribunal —el órgano del Poder Judicial al que el Ejecutivo le tiene que pagar— resolvió.
Sobre ese cuadro, un anuncio de 300 millones para una obra industrial en Goya y la promesa de nuevos aumentos en mayo no son inmorales en sí mismos. Una administración tiene que invertir y tiene que recomponer salarios. La pregunta es la de siempre: ¿cuál es el orden? La provincia se compromete formalmente, por acuerdo extraordinario del STJ, con un aumento que después no paga. Y, en simultáneo, anuncia obras y promete nuevos incrementos en otras categorías. La señal política que esa secuencia envía hacia el resto del Estado provincial —al Poder Judicial primero, pero también a docentes, médicos, policías— es que el cumplimiento de la palabra escrita es flexible, mientras la palabra anunciada en un escenario es inmediata. El sistema de incentivos que esto deja para los próximos meses es complicado de gestionar.
La parte más delicada es la macro. Las transferencias automáticas a las provincias acumulan en lo que va de 2026 una baja real del 5,7%, según los relevamientos privados sobre datos del Ministerio de Economía. El cuatrimestre cerró con cuatro meses consecutivos de caída. Corrientes, como todas, recibe nominalmente más, pero compra menos: la inflación se queda con la diferencia. La provincia compensa con dos amortiguadores discrecionales: 14.000 millones de pesos en ATN durante el primer trimestre —casi una cuarta parte del total nacional— y la habilitación, por decreto 253/2026, para tomar adelantos de coparticipación. Es decir: dependemos cada vez más de fondos que la Nación entrega a discreción, no de los que llegan por ley. Cualquier provincia que dependa así no debería distribuir su credibilidad anunciando obras antes de pagar lo que debe.
Hay una manera de ordenar esto, y no requiere magia. Pagar primero la cuota pendiente al Poder Judicial, hacer público el estado de ejecución de las partidas comprometidas en el primer cuatrimestre y, después, anunciar la obra de Goya con cronograma, partida y fecha de licitación. Si las finanzas están «ajustadas» —y las del país, en serio, lo están—, la herramienta política más útil del gobernador no es el anuncio frente al Surubí: es la transparencia sobre lo que ya está firmado. Reordenar la secuencia no implica gobernar peor, implica gobernar con más previsibilidad para el resto del Estado y para los correntinos que pagan los impuestos provinciales sin saber, todavía, si el segundo aumento al Poder Judicial llegará antes o después de la próxima fiesta del interior.