El Senado avanza con propiedad privada y deja en pausa discapacidad y reforma electoral
El bloque oficialista cedió en el capítulo de barrios populares para destrabar el proyecto sobre propiedad. La Libertad Avanza tiene 21 votos propios y necesita 37. La sesión clave se proyecta para el 14 de mayo.
La Libertad Avanza dio marcha atrás en el Senado con uno de los puntos más resistidos de su proyecto sobre propiedad privada: la reforma de la Ley de Barrios Populares, que generaba rechazo entre aliados por el riesgo de desalojos masivos. La concesión llega para destrabar un dictamen y llevar la iniciativa al recinto en una sesión proyectada —no confirmada— para el miércoles 14 de mayo, según informó este sábado Infobae. En la misma agenda, los proyectos de discapacidad y de reforma electoral siguen sin tratamiento en comisiones.
El bloque oficialista cuenta con 21 votos propios y necesita reunir al menos 37 para aprobar cualquier iniciativa de fondo. Ese piso obliga al Gobierno a negociar con la UCR, el PRO, Provincias Unidas, el Frente de la Concordia de Misiones y los monobloques provinciales que en distintos momentos respaldaron al oficialismo. La aritmética explica por qué la decisión de excluir el capítulo de Barrios Populares se tomó esta semana: sin ese cambio, no había votos.
Lo que sí se mantiene en el dictamen son los desalojos exprés, las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego y un esquema más restrictivo para las expropiaciones. Cada uno de los puntos abre un frente con sectores que ya anticiparon objeciones: organizaciones que trabajan en territorio en barrios populares, intendentes del interior y bloques opositores que en el último año empujaron declaraciones de Emergencia en distintas materias.
Discapacidad y reforma electoral, los otros dos proyectos que el oficialismo nacional había ubicado entre sus prioridades en marzo, quedan postergados. La Ley de Emergencia en Discapacidad fue votada el año pasado por amplias mayorías de UCR y PRO, y volvió a ratificarse contra el veto del Ejecutivo. La reforma electoral, que apunta a eliminar las PASO, no tiene los votos: aliados del PRO y el radicalismo ya anticiparon rechazo y el bloque patagónico mantiene reservas. La intención oficial fue convertirlas en eje de la sesión de mayo. La concentración del debate en propiedad privada las corre del centro de la escena.
Para Corrientes, los tres proyectos atraviesan agendas locales activas. El de propiedad privada toca a barrios capitalinos que figuran en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). La Ley de Discapacidad ordena prestaciones que se canalizan vía obras sociales y entes provinciales; su suspensión efectiva afecta a los beneficiarios correntinos en el día a día. Y la reforma electoral, si se aprobara antes de las próximas legislativas, modificaría el calendario que la propia Junta Electoral provincial usa como referencia.
El telón de fondo de la sesión es político. El último relevamiento de Atlas Intel y Bloomberg, publicado en abril, ubicó la aprobación del presidente Javier Milei en 35,5%, su nivel más bajo desde el inicio de la gestión. La oposición cataloga ese dato como un argumento para frenar las reformas estructurales; el oficialismo, como una razón para acelerarlas. El miércoles 14, si la sesión se confirma, será la primera medición de fuerzas formal del semestre.
El próximo paso institucional pasa por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto, donde se debe firmar el dictamen entre miércoles y jueves. La discusión sobre los pliegos judiciales pendientes —que el oficialismo había puesto como precondición— es el primer punto del temario.