Opinión | El RIFL, las universidades y la cuenta que siempre paga el mismo

El Decreto 315/2026 publicado este lunes resuelve, sobre el papel, un problema viejo: la Argentina tiene un tercio de los asalariados en negro y el régimen general no consigue formalizarlos. La respuesta del Gobierno es bajar el costo laboral a un piso simbólico —2% más 3%, total 5% de aportes patronales durante 48 meses— para los empleadores que registren a quienes hoy están afuera del sistema. Es defendible como diagnóstico. El problema no está en la idea; está en quién termina poniendo la diferencia.

Los aportes patronales no son un capricho fiscal. Financian jubilaciones, asignaciones familiares, salud del jubilado, fondo de empleo. Cada nueva alta bajo el RIFL ingresará al sistema, durante cuatro años, con menos plata de la que entraría si esa misma persona se contratara por el régimen general. La diferencia, según la propia letra del decreto, la cubrirá el Tesoro nacional. Es decir: los contribuyentes en general, vía rentas o vía emisión, financiarán durante cuatro años un descuento que beneficia, en lo inmediato, a los empleadores que adhieran y, en el mediano plazo, a los trabajadores que efectivamente se formalicen.

Hasta acá, una decisión política con costo fiscal explícito. Lo que vuelve el debate incómodo es el cuadro completo. El mismo Gobierno que esta semana firmó el RIFL es el que mantiene cerrada la paritaria nacional universitaria desde hace dos años y medio, según los gremios. Es el mismo que vetó parcialmente la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en 2025. El mismo que aprobó un Presupuesto 2026 que, en términos reales, recorta la asignación a las universidades nacionales por debajo de la ejecución 2023. El mismo cuyas universidades, esta semana, paran cinco días seguidos.

Los profesionales que hoy se forman en la UNNE —la mayor parte de los médicos, ingenieros, abogados y veterinarios que después atenderán a la Corrientes que tiene comercios y tambos y aserraderos— están financiados por aportes que entran al sistema previsional y por presupuesto público. Los empleadores que mañana contraten bajo el RIFL pagarán al fisco, durante cuatro años, una fracción del costo que correspondía. La cuenta cierra de un solo lado: hay margen para subsidiar la formalización al sector privado, no para sostener al sistema público que forma a quienes después esos privados van a contratar.

No es un argumento contra el blanqueo laboral. Es un argumento sobre la ecuación que se está montando. Si el Estado decide que vale la pena pagar el costo fiscal de formalizar a los precarizados, hay que decirlo abiertamente y calcular el monto. Si decide simultáneamente que el costo de sostener el sistema universitario es inasumible, también. Las dos cuentas se suman al mismo tesoro y se descuentan del mismo presupuesto.

Hay otra omisión más fina. El RIFL deja afuera a quien ya estaba precarizado al 10 de diciembre de 2025. Es decir: el trabajador que llevaba cinco años en negro queda fuera del régimen y pasa a competir, en el mismo puesto, contra un nuevo contratado al que le bajan el costo durante cuatro años. La solución eficiente para el empleador es desvincular al primero y contratar bajo el régimen al segundo. La letra del decreto incluye una cláusula contra la simulación, pero la tentación está incorporada al diseño.

En Corrientes, donde la informalidad estructural toca al sector yerbatero, al arrocero, al comercio gastronómico y al turístico, el RIFL puede tener tracción. Las cámaras del sector lo venían pidiendo. Para los trabajadores que entren al sistema, será mejor que estar en negro. Para el resto del cuadro fiscal, será una transferencia más al sector privado, financiada con tesoro y con aportes diferidos.

La pregunta, entonces, no es si formalizar. Es quién financia. Y, mirando los hechos de la semana, parece que el ajuste se hace siempre del mismo lado.

Lucía Benítez es redactora de Economía de Tierra Colorada. Las columnas firmadas expresan la opinión de su autor.