La marcha del 12 y la ley que el Gobierno no aplica

El martes 12 de mayo va a haber una marcha más en Plaza de Mayo y otra en la 9 de Julio de Corrientes. Será la cuarta movilización federal universitaria desde que el Gobierno nacional asumió. La novedad de esta cuarta no es el reclamo —los salarios docentes y no docentes vienen perdiendo contra la inflación desde antes— sino qué reclama exactamente. Esta vez los gremios y los rectorados, incluido el de la Universidad Nacional del Nordeste, se ordenan detrás de una palabra precisa: que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en octubre de 2025, vetada por el Ejecutivo, ratificada por insistencia legislativa y respaldada por la Justicia. Es un cambio de eje que conviene mirar despacio.

La ley ya existe. No es un proyecto, no es un anhelo, no es una demanda corporativa. Es una norma vigente que el Poder Ejecutivo no está aplicando en los términos en que la votó el Congreso. La señal sobre el sistema institucional es la que importa. Cuando un gobierno decide que una ley sancionada se cumple parcialmente o se demora, el problema deja de ser el contenido —fondos, paritarias, becas— y pasa a ser otro, más grande: si el Ejecutivo elige qué leyes ejecuta y cuáles no, la división de poderes se mueve un milímetro. Ese milímetro, repetido, se nota.

A esto se suma un dato concreto: desde 2024, todas las actualizaciones salariales del sector universitario fueron unilaterales, no negociadas en paritaria. La gestión nacional viene cubriendo aumentos por decreto, por debajo de los índices de inflación, sin convocar a la mesa de discusión que la propia legislación universitaria contempla. Los relevamientos del sector ubican la pérdida real de poder de compra de los docentes universitarios entre 42,5% y 49,1%, según cargo y antigüedad. Un cargo simple sin antigüedad ronda los 250.000 pesos en mano. Esa cifra no soporta ningún relato sobre meritocracia.

El argumento gubernamental también tiene su lógica y conviene mirarlo de frente. Hay un déficit fiscal real, la macro requiere disciplina, y el sistema universitario argentino arrastra problemas previos que la actual gestión no inventó: ingreso irrestricto sin financiamiento por estudiante real, duplicación de carreras, gobiernos universitarios que se reproducen sobre lógicas internas. Decirlo no es alinearse con el ajuste. Es admitir que el sistema necesita una discusión seria sobre cómo se distribuye lo que se invierte. Pero esa discusión, si va a ser seria, se da en el Congreso y con datos publicados, no por la vía de no ejecutar una ley aprobada.

Para Corrientes, la cuestión es doblemente concreta. La UNNE es la única universidad nacional con sede en la provincia y forma a más de 60.000 estudiantes entre Corrientes y Resistencia. La carrera de Medicina, por ejemplo, recibe a estudiantes del NEA que no tienen alternativa pública en su provincia de origen. Si el sistema se ajusta sin paritaria y sin previsibilidad, el primer impacto se siente en los pasillos del Hospital Escuela durante las prácticas, en los laboratorios donde no se reponen insumos, en los servicios donde docentes acumulan dos o tres trabajos para llegar a fin de mes. No es ideología; es lo que ocurre.

La marcha del 12, entonces, no es una protesta más contra Milei: es un test sobre el cumplimiento de una ley. Y como todo test institucional, vale el ejercicio agnóstico: si una ley sancionada favoreciera a un sector que la dirigencia universitaria no ve con simpatía, ¿defenderíamos igual su aplicación? Si la respuesta es sí, la posición se sostiene. Si la respuesta es no, conviene revisarla. Tierra Colorada tiene una sola: las leyes votadas se cumplen, hasta que el Congreso las modifica o las deroga. El resto es discrecionalidad, y la discrecionalidad —de cualquier signo— es lo que terminamos pagando todos.

El miércoles 13, después de la marcha, se sabrá si el Gobierno nacional convoca a paritaria. Lo demás puede esperar. Esto no.