Yerba mate: el productor cobra menos en términos reales mientras el consumo crece

A casi dos años y medio de la desregulación que dispuso el DNU 70/2023, el negocio de la yerba mate llega al inicio de la cosecha 2026 con una asimetría visible en los propios datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM): el consumo crece, los precios al consumidor en góndola bajan en términos reales y el productor primario recibe valores que no acompañan a sus costos. La hoja verde, materia prima del circuito, se pagaba en abril en torno a los 220.000 pesos por tonelada, según los registros de la propia entidad y las menciones de productores citadas por medios sectoriales. El valor implica una caída real cercana al 27% frente al mismo período del año anterior, cuando el reparto se hacía bajo el esquema regulado por el INYM.

El número del costo es el contrapeso obligado. La matriz de costos que publica el INYM, actualizada en agosto de 2025, calculó que producir un kilo de hoja verde puesta en secadero requiere 411,46 pesos. La cifra incluye mano de obra de tareferos, combustible, fletes, agroquímicos y amortización. Llevada a tonelada, el costo se ubica muy por encima del precio que hoy reciben los productores en pasada de cosecha. Las asociaciones del sector, entre ellas la Cámara de Productores Correntinos y referentes de Santo Tomé e Ituzaingó —los dos departamentos que concentran el grueso de la producción de la provincia—, vienen denunciando desde febrero que la ecuación deja a las chacras chicas y medianas operando «a pérdida». Misiones, donde se concentra alrededor del 90% de la superficie nacional, atraviesa el mismo cuadro con la presión adicional de cooperativas que están renegociando contratos.

En el modelo previo a la desregulación, el INYM convocaba a una mesa de fijación con productores, secadoras, molinos y cooperativas, y la Secretaría de Agricultura homologaba el precio que se actualizaba semestralmente. Desde diciembre de 2023, ese esquema dejó de ser obligatorio y el precio quedó liberado a la negociación entre las partes. La Secretaría de Agricultura nacional fijó en este último período un valor de referencia para la materia prima, pero las cámaras de productores sostienen que la referencia funciona como piso técnico, no como precio efectivamente abonado en el mercado. El INYM mantiene su rol estadístico —relevamiento, cosecha, consumo, exportaciones— pero perdió capacidad de fijación.

El cuadro tiene un dato adicional incómodo. El consumo interno de yerba volvió a crecer en 2026, según los datos del INYM, y la industria reportó precios de góndola que mejoran la accesibilidad para el consumidor final. Es decir: el problema no es que la yerba se venda menos, sino cómo se distribuye el ingreso a lo largo de la cadena. Los industriales argumentan que sus costos —energía, papel, salarios, logística— también treparon y que la rentabilidad del sector en la salida industrial es ajustada. Los productores responden con una pregunta simple: si el consumo crece y la góndola baja, ¿por qué el primer eslabón cobra menos en términos reales? El número del INYM —la matriz de costos, no un comunicado partidario— les da soporte al planteo.

Para Corrientes, la cuestión yerbatera es producción real, no abstracción macro. Decenas de miles de hectáreas en el norte provincial dependen del precio de la hoja verde para sostener empleo formal e informal de cosecha, y los pueblos yerbateros ven cómo el ciclo afecta los comercios locales. La discusión inmediata pasa por dos pistas: la convocatoria a una nueva mesa de fijación con homologación nacional, hoy facultativa y postergada; y la resolución de la Secretaría de Agricultura sobre el valor de referencia que rige hasta junio. Los productores correntinos pidieron formalmente una asamblea general en Santo Tomé para la semana entrante. La industria, hasta acá, sostiene que cualquier ajuste tiene que discutirse en el marco de la desregulación vigente.